Es la mujer culpable de las agresiones sexuales

Al darle voz a los sectores retrógrados del país se dan declaraciones como la siguiente:
Autoridades eclesiásticas responsabilizaron a la mujer de ser culpables de las agresiones sexuales que sufren, debido a la ropa “provocativa” que visten.
Con escotes pronunciados y minifaldas “está provocando al hombre”, dijo el arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez, durante el sexto Encuentro Mundial de las Familias. Las mujeres se exponen a violaciones, a que las usen, que las traten como un trapo viejo, porque desvaloran su persona y su dignidad, dijo por su parte el obispo auxiliar de Tegucigalpa, Darwin Rudy Andino.
En el mismo sentido, laicos asistentes al encuentro afirmaron que la mujer es la responsable de sufrir ataques tanto físicos como verbales, pues deben ser recatadas en su forma de vestir y no despertar el morbo en las demás personas.
“Tienen la culpa de que las ataquen”, añadió la religiosa ecuatoriana Alexandra Marcillo.
Para el obispo de Ciudad Juárez, Renato Ascencio, la mujer no sólo debe cambiar su forma de vestir sino sus actitudes. Se ha perdido el pudor en la familia mexicana, mencionó.
En el sitio oficial de Internet del Encuentro Mundial de las Familias se recomienda a las mujeres que no usen ropa provocativa, que cuiden sus miradas y gestos y que no admitan “chistes picantes”.

Calderón e Iglesia culpan a lasmujeres del actual clima de violencia en México

El absurdo y fundamentalismo retrógrado renace en México con las declaraciones del cardenal Juan Sandoval Íñiguez exhortó a los jóvenes a abstenerse de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, en el marco del sexto Encuentro Mundial de Familias. Este condenó el divorcio y el trabajo de la mujer.
Calderón quien fue aclamado como el presidente católico, urgió a tomar acciones que protejan a la familia, ya que —señaló— la desintegración familiar lleva a los jóvenes a sumarse a la delincuencia. Esa desintegración a decir suyo y del curato, lo generan las mujeres trabajadoras.
En una actitud hipócrita no se hizo referencia al divorcio que el Vaticano le otorgó a Vicente Fox y Martha Sahagún. Al parecer sólo los poderosos pueden violar tanto la ley de los hombre y de la iglesia.
Mientras tanto, afuera del recinto donde se llevaba a cabo el encuentro, manifestantes gritaban “¡Viva la libertad! ¡Vivan las familias diversas!”, y exigieron tolerancia y respeto para las familias alternativas. Granaderos de capitalinos impidieron el paso a los manifestantes, quienes se lanzaron contra la Iglesia por condenar la despenalización del aborto, la legalización de la mariguana y la unión de personas del mismo sexo. Dijeron que en México no sólo existen las familias tradicionales.

Chihuahua alerta de violencia de género

Las cifras son como para ganar la atención de cualquiera: durante 2009 el número de ejecuciones en el estado de Chihuahua superó los dos millares. Tan sólo en Ciudad Juárez se perpetraron mil 607 de ellas. La saña del crimen organizado acapara toda visibilidad.

Ahí está precisamente el peligro: en lo que la visibilidad invisibiliza. Porque ahora que todo el mundo en este norteño estado habla de ejecuciones, levantones, extorsiones, secuestros, incendios de negocios, parece que los feminicidios que hicieron tristemente famosa a esta frontera se hubieran terminado o, cuando menos, reducido significativamente, ante los guarismos del horror cotidiano. No es así.

Durante 2009 fueron asesinadas 86 mujeres en Ciudad Juárez y varias decenas más en todo el estado. Para ponerlo en perspectiva: esta terrible cifra duplica el número de asesinatos dolosos de mujeres en los años que alcanzaron los índices más altos: 37 en 1996 y en 2001. Triplican los homicidios de género de 2007 en esta frontera, que llegaron a 25.

Y la tendencia no es para atemperar las preocupaciones de nadie. Si se consideran únicamente las últimas seis semanas, es decir, desde la última de noviembre de 2008 y lo que va de enero de 2009, el número de mujeres ultimadas asciende a 21. Diez en Ciudad Juárez, seis en la capital del estado y otras cinco en diversas poblaciones. Puede ser que la mitad de ellas sean atribuibles al crimen organizado, pero la otra mitad son típicos casos de feminicidio: es decir, mujeres que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres, la mayoría de ellas muertas a manos de su pareja o esposo, en hechos claros de violencia de género. No se incluyen aquí el número de víctimas de un delito, todavía soterrado pero que crece en frecuencia: las violaciones tumultuarias por parte de sicarios.

Llama la atención el caso de una mujer embarazada asesinada por elementos del Ejército Mexicano en un retén en el municipio de Aldama, quienes la “confundieron” con sicarios. Hasta ahora ni la Procuraduría General de Justicia ni el propio Ejército han informado sobre la detención y eventual procesamiento de los presuntos responsables.

Es precisamente la impunidad de los agresores lo que permite la reproducción ampliada de los feminicidios. Y hay dos factores que facilitan dicha impunidad. Ambos residen en las autoridades. En primer lugar, las policías preventivas municipales y las instancias de apoyo respectivas no tienen o no se ciñen a protocolos que en los casos de violencia doméstica permitan prevenir y evitar que se llegue al feminicidio. Muchos de los asesinatos de mujeres muestran una historia de maltrato y violencia por parte del cónyuge o pareja sentimental.

En segundo lugar hay que ubicar las deficiencias en el nuevo sistema de justicia penal. Sistemáticamente los agentes del Ministerio Público, los jueces de garantías o los jueces de juicios orales se colocan del lado del agresor y dificultan enormemente el procedimiento para los familiares de las víctimas. Y en caso de que se declare culpable al presunto agresor, se le da la pena mínima, como acaba de ocurrir con un hombre que intentó asesinar a puñaladas a una mujer, quien pudo evitarlo porque lo golpeó con una figura de cerámica. Se le dio la sentencia mínima: 10 años de prisión, que con toda facilidad se reducirán a cinco.

La carencia de protocolos de acción, la falta de preparación de todos los actores del nuevo sistema de justicia, la no capacitación en visión de género se coluden para ampliar la impunidad de los feminicidios. Ojalá que esta terrible experiencia de las mujeres chihuahuenses sea tomada en cuenta al implementar a escala federal las reformas en materia penal.

Afortunadamente la sociedad norteña, así sea en pequeños grupos, no se ha cruzado de brazos. Las organizaciones de mujeres, los centros de derechos humanos, los grupos de madres de desaparecidas y asesinadas reciben denuncias, acuden en auxilio de las familias de las víctimas, difunden, exigen cuentas a las autoridades, reclaman políticas de prevención y de reparación del daño. Labor valiente cuando el grueso de la sociedad se deja llevar por el terror y se encierra en su casa, en su problemática meramente individual o familiar.

Chihuahua está en estado de alerta de violencia de género. Es un hecho incontrovertible y la sociedad activa así lo ha considerado. A las autoridades federales y estatales más les vale reconocerlo y declararlo para echar a andar los procedimientos y medidas pertinentes como lo contempla la Ley General por el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ya se han dejado transcurrir demasiados años. Ya se han perdido muchas vidas de mujeres y de niñas.