PGR indaga cifra récord de lavado. En contraste, el promedio de sentencias condenatorias es bajo

El Universal. La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertos 450 procesos por “lavado” de dinero, una cifra récord para la dependencia, ya que entre 2004 y 2007 consignó sólo 149.

De acuerdo con promedios anteriores, al final las sentencias condenatorias no corresponden al número de expedientes.

Para el Fondo Monetario Internacional (FMI) los delitos de “lavado” no han sido adecuadamente investigados. Por esa razón, según un informe del organismo, las autoridades mexicanas lograron sólo 25 sentencias condenatorias entre 1989 y 2007. De ellas, 14 se obtuvieron en 2007.

La mayor parte de las investigaciones que la PGR tiene en curso está relacionada con delitos en flagrancia, es decir, aseguramiento de dinero y detenciones en operativos policiacos o militares, y casi ninguna con el intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

El FMI señala que es necesario un trabajo coordinado para garantizar el acceso “puntual, total y seguro” a los reportes de operaciones sospechosas que provengan de los centros de cambio y de negocios.

Otra de las causas, según el reporte, es la insuficiencia de recursos asignados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

El monto del dinero sucio que circula en México cada año ha sido estimado entre 10 mil millones de dólares y 45 mil millones.

Al respecto, la firma estadounidense No Money Laundering señala: “Debido a que México es una nación con alto nivel de corrupción y narcotráfico, podemos esperar que el monto sea cerca del estimado alto, es decir 5% del PIB”.

Esto significa “que alrededor de 45 mil millones de dólares en dinero sucio al año pasa por bancos, casas de cambio, casas de bolsas y aseguradoras”, explicó Saskia Rietbroek, socia de la firma.

Corte frena transparencia en el caso Lydia Cacho

Carlos Avilés.El Universal. Jueves 05 de febrero de 2009

Después de casi siete meses, el Comité de Acceso a la Información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó frenar, de manera temporal, la entrega de la información que le solicitó la periodista Lydia Cacho sobre las investigaciones que realizó el máximo tribunal en torno a la detención de que fue objeto en diciembre de 2005.

La medida se adoptó para analizar en los próximos días si se le puede entregar la información contenida en las averiguaciones previas de su expediente, en virtud de que a partir de diciembre del año pasado entró en vigor una reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales que prohíbe el acceso público a las averiguaciones previas.

El abogado de Lydia Cacho, Xavier Olea Truehart, tuvo que recurrir a la Ley Federal de Transparencia para obtener esta información, en junio de 2008, después de concluido el caso, siendo que al gobernador de Puebla, Mario Marín, la Corte le permitió tener acceso a todo el expediente desde 2007.

En respuesta a la solicitud de Olea, debido a las miles de hojas que forman parte del expediente, la Subsecretaría General de Acuerdos de la Corte pidió una serie de prórrogas para determinar qué información podía considerarse pública, cuál debía entregarse en una versión con datos suprimidos y cuál era de carácter reservada o confidencial.

Y, al cabo de casi siete meses, cuando se disponía a conceder el acceso a la información, el Comité tuvo que aplazar su decisión ante la entrada en vigor de la reforma.

México Unido contra la Delincuencia resultó una farsa panista

Elizabeth Velasco C.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal ha entregado a México Unido contra la Delincuencia un total de 4 millones 256 mil 916 pesos en donativos, informó la dependencia a una solicitud de información.
En septiembre pasado, la SSP dio a conocer que había donado a la organización un millón 476 mil 660 pesos entre 2005 y 2007. La diferencia, 2 millones 780 mil 256 pesos, fue entregada de enero a noviembre de 2008.
El monto se reveló a un ciudadano que interpuso un recurso de queja ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), por considerar que se le dieron datos de manera parcial, ya que también había solicitado informes acerca de las prestaciones y salarios que recibe la titular de la agrupación, María Elena Morera, y colaboradores cercanos.
Hay que recordar que la agencia Reporte Índigo dio a conocer el año pasado que el hijo de Morera se desempeñaba como asesor del titular de la SSP federal, Genaro García Luna. Sin embargo, la dependencia en su respuesta niega cualquier relación laboral con Morera, sus colaboradores o personas cercanas a ella.
La Dirección General de Recursos Humanos de la SSP federal respondió sobre el tema que “no se tiene registro de que la titular de México Unido contra la Delincuencia ocupe puesto alguno en la Secretaría de Seguridad Pública. Por otra parte (esa dirección) desconoce a el o los colaboradores de México Unido contra la Delincuencia, por lo que no está en capacidad de atender esta parte del requerimiento”.
La resolución de ese caso, registrado por el IFAI con el expediente 5057/08, corresponde al comisionado ponente Juan Pablo Guerrero.
También se discutirá una solicitud vinculada con datos personales, cuya regulación a escala federal no existe. Se trata de una solicitud a la Policía Federal Preventiva (PFP), en la cual se requieren los nombres de cada uno de los 700 elementos de seguridad regional que ascendieron a oficiales en la promoción 2008, el lugar que ocuparon del uno al 700, y el promedio obtenido.
El IFAI ha establecido el criterio de que el nombre de los funcionarios es público. Sin embargo, la PFP reservó por 12 años, el máximo tiempo de clasificación, los nombres para garantizar la “seguridad personal” de los agentes que laboran en la corporación.
En el orden del día que hoy se evaluará por el pleno del IFAI se incluye la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual declaró la inexistencia de contratos celebrados con Hildebrando, SA de CV, empresa del cuñado del presidente Felipe Calderón, Diego Zavala, y cuyos negocios con diversas dependencias del gobierno federal (Instituto Federal Electoral, Secretaría de Desarrollo Social, Petróleos Mexicanos, Servicio de Admninistración Tributaria, CFE, Secretaría de Gobernación, Instituto Mexicano del Seguro Social y otras) se dieron a conocer en 2006 por la vocera de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum.
La CFE aseguró que no existe convenio alguno con la empresa de Diego Zavala, de 2006 a 2008, lo mismo que la Secretaría de Hacienda, a la cual se le hizo la misma petición. Este diario revisó la página oficial de Compranet, en donde ya no aparece ningún contrato que haya sido suscrito entre alguna dependencia e Hildebrando.

Encuesta de Fraude y Corrupción en México 2008

• El 77% de las empresas que operan en México ha tenido cuando menos un fraude en el último año. De estos casos, el 46% fue cometido por personal de las propias empresas.

• Los fraudes más comunes cometidos por empleados de las propias empresas ha sido el robo de inventarios y la asociación fraudulenta con proveedores y clientes

• En uno de cada cuatro casos, el monto defraudado fue superior al millón de pesos (aproximadamente 90, 000 dólares americanos) y en uno de cada diez la cifra llegó a superar los 5 millones de pesos (aproximadamente 455, 000 dólares americanos).

• Las empresas defraudadas enfrentaron, como consecuencia del ilícito, problemas como incrementos en costos de operación, pérdida de confianza entre empleados y daños a la imagen de la empresa.

• En el 60% de los casos, el fraude fue detectado por medio de controles internos y auditoría interna.

• Sin embargo, en 86% de los casos, el fraude se descubrió hasta seis meses después de haberse cometido el ilícito.

• Los principales factores que contribuyeron a que se cometieran los fraudes fueron: fallas en la supervisión del personal, la falta de controles internos y una deficiente infraestructura ética.

• En general, el defraudador fue un hombre de entre 25 y 35 años, con una antigüedad en la empresa defraudada de uno a tres años y ocupando una posición de mando medio u operativo.

• El 44% de las empresas que operan en México ha reconocido haber realizado algún pago extraoficial a servidores públicos.

• En promedio las empresas destinan un 5% de sus ingresos anuales al pago de sobornos.

• El nivel de gobierno donde más incidencia existe de este tipo de pagos extraoficiales es el municipal.

• Seis de cada diez empresas consideran que los pagos extraoficiales a servidores públicos tienen un impacto significativo en sus proyecciones de inversión en México.

• El 67% de las empresas reconoce que la corrupción tiene un efecto negativo en su competitividad.

http://www.contralacorrupcion.org

El gobierno federal infestado por la corrupción

Todo inició cuando la corrupción panista en el gobierno federal cobró la vida del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el 4 de noviembre al asignarle un contrato de manera ilegal a una empresa de aviación que no cumplía con los requisitos necesarios para operar, pero que como se dan los casos fue recomendada por algún funcionario importante.

El problema no terminó ahí, si no por ser recomendada los sistemas de seguridad y supervisión no fueron aplicados. De otra manera no se explica tantas irregularidades.

Cabe señalar que sobre Juan Camilo Mouriño, el funcionario más cercano y de mayor confianza de Felipe Calderón, también pendían acusaciones de corrupción. Al parecer todo es una cadenita enmohecida por la voracidad.

Aunado a lo anterior se detectó en la embajada de los Estados Unidos en México que el funcionario asignado a la seguridad de la representación diplomática tenía nexos con el narcotráfico y que el problema no sólo radicaba en una persona, pues las estructuras de primer nivel de la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR, también estaba infestadas.

La cacería de personal que trabajaban para el crimen organizado dio pauta a la “Operación limpieza”. Se encontró que una gran cantidad de servidores públicos colaboraban con el narcotráfico, lo cual cobró muchas vidas de compañeros dedicados y comprometidos con la justicia. Esta situación pone en duda las hipótesis manejadas sobre la muerte de Mouriño.

La situación se torna preocupante cuando todos los partidos políticos acusaron la participación del narco con aportaciones económicas y amenazas en las campañas electorales. Entonces se propuso la participación del CISEN en la detección de posibles apoyos del narco a un partido político, pero los miembros de los partidos políticos en el Congreso de la Unión rechazaron la propuesta y acusaron al Cisen de que los estaba espiando. Más tarde, en un afán de simulación, le pidieron al IFE que “blinde” las elecciones y evite la nociva participación del crimen organizado. El IFE tomó como suya la propuesta y los diputados quedaron conformes, pues saben que el Instituto no tiene la capacidad para ello. ¿Quién los entiende?

Como producto de lo anterior Felipe Calderón presentó su programa anticorrupción 2008-2012 con el que aseguró se busca erradicar este mal en la administración pública. El mandatario federal, acompañado por el secretario de la Función Pública, Salvador Vega, informó que hasta el momento han sido sancionados 11 mil 500 funcionarios con multas que ascienden a cuatro mil millones de pesos y detalló que principalmente se detectaron actos de corrupción en Pemex, Diconsa, en aduanas y en algunas dependencias encargadas de realizar obras públicas. Se puso a disposición de la sociedad el teléfono 01800 FUNCION para recibir quejas las 24 horas del día. Aunque Felipe Calderón indicó, que se identifica más con los números 01-800 TRANZA ó 01-800 TRAMPA, porque es más fácil que la gente se lo aprenda.