El Universal. La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertos 450 procesos por “lavado” de dinero, una cifra récord para la dependencia, ya que entre 2004 y 2007 consignó sólo 149.
De acuerdo con promedios anteriores, al final las sentencias condenatorias no corresponden al número de expedientes.
Para el Fondo Monetario Internacional (FMI) los delitos de “lavado” no han sido adecuadamente investigados. Por esa razón, según un informe del organismo, las autoridades mexicanas lograron sólo 25 sentencias condenatorias entre 1989 y 2007. De ellas, 14 se obtuvieron en 2007.
La mayor parte de las investigaciones que la PGR tiene en curso está relacionada con delitos en flagrancia, es decir, aseguramiento de dinero y detenciones en operativos policiacos o militares, y casi ninguna con el intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
El FMI señala que es necesario un trabajo coordinado para garantizar el acceso “puntual, total y seguro” a los reportes de operaciones sospechosas que provengan de los centros de cambio y de negocios.
Otra de las causas, según el reporte, es la insuficiencia de recursos asignados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
El monto del dinero sucio que circula en México cada año ha sido estimado entre 10 mil millones de dólares y 45 mil millones.
Al respecto, la firma estadounidense No Money Laundering señala: “Debido a que México es una nación con alto nivel de corrupción y narcotráfico, podemos esperar que el monto sea cerca del estimado alto, es decir 5% del PIB”.
Esto significa “que alrededor de 45 mil millones de dólares en dinero sucio al año pasa por bancos, casas de cambio, casas de bolsas y aseguradoras”, explicó Saskia Rietbroek, socia de la firma.
De cuando en cuando nacen conceptos para categorizar nuevas realidades. Es el caso con Estado fallido (failed States), popularizado por el índice anual de la revista Foreign Policy. El término define a Estados que perdieron el control sobre partes del territorio, que vieron achicarse su monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza o que son incapaces de proporcionar servicios públicos adecuados.
México ha sido colocado en esa categoría. En diciembre del 2008 fue la revista Forbes y en enero fue el Departamento de Defensa estadounidense. El Gobierno mexicano reaccionó con celeridad y Pablo Ordaz, corresponsal de EL PAÍS en México, relata como, "durante una hora y tres minutos, Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores" trató de demostrar, con "datos en la mano que, pese a su sangriento día a día, "México no es un Estado fallido" (17 de enero del 2009).
El Procurador General, Eduardo Medina Mora, también repite, con argumentos razonablemente convincentes, la versión oficial según la cual la responsabilidad la tienen los gobernantes previos que permitieron el auge del narco. De ahí surge la esperanza porque, señores y señoras, ya se inició la construcción del futuro: el Gobierno de Felipe Calderón es diferente y está triunfando pese a las apariencias. Para alzarse con la victoria requiere, eso sí, del respaldo de la comunidad internacional, y en especial de Estados Unidos. También pide, exige, implora la unidad nacional.
Quienes vivimos en México padecemos la inseguridad y, en mi caso, inicio la jornada deseando escuchar al Gobierno dar un buen parte de batalla. Luego me voy desanimando cuando observo zarandearse al Estado, cual patera en mar huracanado. Lo ningunean los narcos y los gobernadores y los grandes empresarios y hasta los vendedores ambulantes que se roban la luz...
Este Gobierno sí paga las consecuencias de una herencia del pasado, pero su frivolidad lingüística, su falta de coordinación y sus contradicciones empeoran la situación.
Felipe Calderón y Barack Obama se entrevistaron el 12 de enero en Washington. Fue un encuentro discreto y sin grandes anuncios. Nada más salir de la reu-nión, Calderón informó haberle propuesto al "presidente Obama que hagamos una alianza estratégica entre nuestros gobiernos" para enfrentar problemas como el de la seguridad. ¿Es consciente Calderón de las implicaciones de una alianza estratégica? ¿Está buscando, acaso, que Washington asigne a México el estatus de Major Non-NATO Ally (Aliado principal fuera de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte) como Japón, Israel y Filipinas? Difícil que así sea porque en México no se ha discutido tal nivel de cercanía. Estamos, más bien, ante una licencia literaria para subrayar la urgencia del apoyo externo en la guerra contra el narco.
En el interior de cualquier Gobierno hay diferencias, pero corresponde al líder controlarlas. Desde que empezó la guerra dos de los principales mandos (Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, y Eduardo Medina Mora, procurador General de la República) libran un enfrentamiento sordo, mientras el titular de la Defensa Nacional contradice la línea oficial.
El jueves 27 de noviembre del 2008, el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, desayunó en su despacho con un grupo de comunicadores. Uno de los presentes, el analista Leonardo Curzio, me sintetizó la esencia de sus comentarios: la seguridad interna del país está en riesgo grave porque el Ejército se va desgastando ante los carteles que operan en todos lados, porque no se obtiene la colaboración deseada de los gobernadores y presidentes municipales (en especial algunos del Partido Revolucionario Institucional), y porque el presidente no se lanza contra aquellos políticos que presuntamente protegen o toleran a los capos. El mensaje es creíble porque hay suficiente evidencia sobre el sometimiento del Ejecutivo a los poderes fácticos.
Uno de los casos más surrealistas es el de Elba Esther Gordillo quien está al timón, simultáneamente, de tres buques de gran calado: dirige el sindicato de profesores con un millón de miembros, controla un partido político (Nueva Alianza) que tiene un crecimiento sostenido, y acumula cargos públicos en los cuales pone y quita a sus incondicionales. Como La Maestra (así se le llama coloquialmente) fue determinante en la poco clara victoria electoral de Calderón, éste le paga el favor de diferentes maneras. En los últimos días cambió al titular de la Lotería Nacional, una dependencia con presupuesto multimillonario, porque así lo deseaba La Maestra.
¿Es México un Estado fallido? No en términos generales, porque el Estado todavía controla la mayor parte del territorio. Sin embargo, la situación se empaña cuando se piensa en ciudades e instituciones en donde la presencia del Estado es testimonial porque quienes controlan los hilos del poder son los narcos. La sensación de que marchamos hacia el precipicio se acentúa por la desorganización y la tibieza con la cual Felipe Calderón enfrenta la corrupción y la desorganización que, junto con la desigualdad y la impunidad, desangran y debilitan a la sociedad y al Estado.
Sergio Aguayo Quezada es profesor del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.
A cinco meses de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, la mayor parte de la ciudadanía no cree que haya mejorado la situación de inseguridad que aqueja al país, de acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky, auspiciada por la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD).
De mil ciudadanos encuestados entre noviembre de 2008 y enero de este año, 49.2% reportó no percibir ninguna mejoría en materia de seguridad, frente a 22.6% que respondió afirmativamente, y casi ocho de cada 10 no ven avances en el combate al secuestro, destacó la presidenta de MUCD, María Elena Morera.
La activista, junto con Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, presentaron en conferencia de prensa los resultados de la "Encuesta de percepción ciudadana sobre la seguridad en México", que pone en duda el cumplimiento de los compromisos que asumió el gobierno federal sobre este tema el 19 de septiembre de 2008.
Gabriel León Zaragoza. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan criticó la participación del Ejército en el combate al tráfico de drogas. Señaló que es necesario “analizar lo que pasa dentro de las fuerzas armadas, debido a que hay decisiones que quedan en la opacidad”. El año recién concluido ha sido “atroz” para Guerrero, consideró el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y afirmó que la violencia en la entidad evidenció “el fracaso” de las políticas para el combate al crimen organizado puestas en marcha por el gobierno de Felipe Calderón, apoyadas por fuerzas castrenses. “Se ha comprado muy cara la idea de que la utilización del Ejército en el combate a las drogas es la única fórmula para enfrentar los estragos de este mal del tercer milenio”, indicó la organización no gubernamental (ONG) en un balance con motivo del final de 2008.
De acuerdo con la agrupación civil, la reciente ejecución y decapitación de siete militares en Chilpancingo, Guerrero, son un “fuerte” llamado a las autoridades gubernamentales para que revisen el proceso de militarización del país. Dicho proceso, añadió la ONG, “se ha emprendido a costa de la vida de los mismos soldados y a costa de los severos daños que se ha ocasionado a la sociedad, que en Guerrero se ha traducido en graves violaciones a los derechos humanos. “También es un llamado muy fuerte para analizar lo que está pasando realmente dentro de las fuerzas armadas, debido a que hay decisiones que quedan en la opacidad porque no existen sistemas de control interno que transparenten las actuaciones del instituto armado; tampoco hay sanciones ejemplares para quienes, de manera impune, transitan entre el campo del poder y el ámbito delincuencial”, abundó.
En su recuento, el organismo precisó que los 215 casos locales que documentó sobre la “criminalización de la protesta” son un claro termómetro de cómo el gobierno estatal perredista carece de sensibilidad y compromiso para buscar acercarse al movimiento social y acompañar la lucha de los sectores empobrecidos. “Es visible su desdibujamiento político, que evidencia su obsesión por el poder, sus ambiciones cortoplacistas y su visión utilitarista de la política, que queda muy lejos de los sueños democráticos del pueblo de Guerrero”, señaló. Insistió en que en la entidad y el país “siguen creciendo” la espiral de violencia y el ambiente de inseguridad; pero, agregó, “lo preocupante es que el gobierno avanza en línea opuesta al movimiento social, por su alineamiento a las políticas privatizadoras”, aplicadas en detrimento del sector indígena y campesino.
De acuerdo a los datos de la Secretaria de Seguridad Pública del DF, en los pasados tres años, dado las medidas de seguridad de los automóviles, la delincuencia se ha especializado en el robo de vehículos con violencia. La ciudad de México ocupó el 3er lugar en 2005, en materia de robo de vehículos, en 2007 estuvo en el 4to y el año pasado, en el sitio 7. Sin embargo, en lo que hace a robo de vehículo con violencia, se ha permanecido en primer lugar. En cuanto a delitos del fuero común, el Distrito Federal se ha mantenido también, pues en 2005 estuvo en el lugar 8, en 2006 en el 9, y en 2007 de nueva cuenta en el 8.
Sin embargo, no respondió a los señalamientos que por la mañana hizo Ignacio Chapela, subsecretario de Inteligencia y Tecnología Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), sobre un estimado gasto de 50 millones de pesos que se ha hecho en siete años para la realización de cinco encuestas que, según el funcionario capitalino, tienen inconsistencias y falta de objetividad. En encuesta aplicada a 45 mil 164 ciudadanos, a quienes se les presentaron tres cuestionarios en su domicilio, cuyas respuestas llevaron a varias estadísticas que incorporaron a una metodología denominada Termómetro del Delito, mediante el cual el ICESI determinó que el estándar de inseguridad que impera en el DF, de una escala de cero al seis, es de cinco puntos, lo que sitúa a la capital como la entidad más insegura, mientras Yucatán es la más segura, con una calificación es de 0.6. La encuesta también reveló que durante 2007, al igual que en 2004, 11% de la población de 18 y más años fue víctima de algún delito en el país. El delito más recurrente sigue siendo el robo en todas sus modalidades, con 87.9% de la muestra, mientras que las lesiones tienen 5.7%; ataques sexuales representan 1% y el secuestro 0.7%.
Ello no es extraño si se ve que la mitad de los sectores policiales enfrentan una alta incidencia delictiva, pero sus elementos tienen una baja eficiencia. Lo anterior se conoció a través del trabajo realizado por la nueva Sala de Información y Control de la Operación y Desempeño Policial que este día fue presentado por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), a los medios de información, y en días siguientes se hará lo propio con el jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrad.
El subsecretario de Información e Inteligencia Policial, José Ignacio Chapela, informó que 45% de los sectores concentra la mayor cantidad de ilícitos, lo cual significan 24 sectores; entre ellos cinco son de Iztapalapa: Estrella, Quetzal, Teotongo, Tezonco y Reforma. La dependencia designó los colores del semáforo para determinar aquellos que están peor, los que se encuentran en mediana situación, y los mejores. Otros de los que se encuentran en color rojo -los de peor eficacia policial y mayor incidencia delictiva- son Tacuba, Tacubaya, Polanco, Roma y Asturias. Algunos de los mapeados en color amarillo -de meadianos resultados- son: Buenavista, Ángel, Revolución, Tlatelolco y la Raza. Los calificados como los mejores o de color verde, son Morelos, Centro, Mixcalco y Corredor Alameda. Aunado a ello se ha evaluado a 11 mil 62 policías, de los cuales el 71 aprobó en conocimientos sobre su labor. La nueva Sala de Información y Control de la Operación y Desempeño Policial pemite tener en línea datos sobre detenidos, ex convictos, infracciones, órdenes de aprehensión pendientes, información de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) e imágenes de las cámaras en vía pública. Entre lo más importante es el hecho de que no sólo se conoce la incidencia delictiva por sector, sino por tipo de ilícitos, calles y los horarios específicos en dónde suceden. (Información obtenida del periódico El Universal)
