JESÚS ARANDA Y GUSTAVO CASTILLO
El sistema de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coadyuvancia con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), realizarán un análisis del perfil de los candidatos plurinominales y uninominales a puestos de elección popular de todo el país, ante datos que señalan que grupos de narcotraficantes buscarán controlar a aspirantes de todos los partidos para incidir desde el Congreso en las políticas públicas de combate al tráfico de estupefacientes.
La primera vez que algunos candidatos a ocupar cargos de importancia en el gobierno federal fueron “inspeccionados” por el Cisen fue en 1994, cuando el presidente Ernesto Zedillo hizo que los ministros de la Suprema Corte renunciaran a su cargo para dar lugar a una nueva integración del máximo tribunal.
Fuentes de alto nivel del gobierno federal revelaron que ya se ha solicitado la cooperación del gobierno de Estados Unidos para alertar sobre cuentas y depósitos sospechosos que hombres de la política mexicana puedan realizar en instituciones bancarias de ese país.
Se debe mencionar que desde el pasado 22 de diciembre, en el Instituto Federal Electoral (IFE) los partidos y ese organismo acordaron blindar las campañas de 2009, para impedir que dinero ilícito sea utilizado en actividades proselitistas.
Desde esa fecha se llegó al acuerdo de que el IFE concretaría acciones con distintas dependencias federales, entre ellas Gobernación, Defensa, Seguridad Pública y Hacienda, para “vigilar y garantizar la seguridad del proceso electoral”.
Las fuentes revelaron que el Cisen y la Sedena estarán compartiendo y analizando la información que se genere a través de la llamada Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y los reportes que se produzcan de autoridades estadunidenses, como la DEA, ya que ello permitirá detectar transferencias económicas o depósitos inusuales, así como vínculos de aspirantes con miembros del crimen organizado.
De acuerdo con la información obtenida, tanto las áreas de inteligencia militar como el Cisen han detectado que diversas organizaciones criminales planean “ayudar” financieramente mediante la amenaza directa a candidatos y sus familias, a fin de comenzar a tener presencia en el Congreso, impactar en las políticas públicas y permitir que los narcos controlen más fácilmente las rutas terrestres, aéreas y marítimas para el tráfico de cocaína procedente de Sudamérica, de precursores químicos de Europa y Asia, y también el flujo de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos.
Según las fuentes, los candidatos propuestos en los estados de Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Tamaulipas y Baja California serán los que mayor vigilancia tengan por parte de los organismos federales.
De acuerdo con fuentes judiciales, la primera vez que el gobierno federal utilizó los servicios del Cisen para investigar candidatos a un cargo gubernamental ocurrió en 1994, cuando el presidente Ernesto Zedillo ordenó al órgano de seguridad indagar los antecedentes, relaciones familiares, propiedades y cuentas bancarias de quienes formarían las ternas para integrar la Suprema Corte.
Los funcionarios consultados aseguraron que al momento de la designación de los nuevos ministros (pasaron de 21 a 11 y sólo dos se mantuvieron en el máximo tribunal) había la certeza de que ninguno tenía antecedentes criminales ni sospecha de actos de corrupción.
