Permiso para espiar a la oposición: Sedena y Cisen analizarán los perfiles de candidatos

JESÚS ARANDA Y GUSTAVO CASTILLO

El sistema de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coadyuvancia con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), realizarán un análisis del perfil de los candidatos plurinominales y uninominales a puestos de elección popular de todo el país, ante datos que señalan que grupos de narcotraficantes buscarán controlar a aspirantes de todos los partidos para incidir desde el Congreso en las políticas públicas de combate al tráfico de estupefacientes.

La primera vez que algunos candidatos a ocupar cargos de importancia en el gobierno federal fueron “inspeccionados” por el Cisen fue en 1994, cuando el presidente Ernesto Zedillo hizo que los ministros de la Suprema Corte renunciaran a su cargo para dar lugar a una nueva integración del máximo tribunal.

Fuentes de alto nivel del gobierno federal revelaron que ya se ha solicitado la cooperación del gobierno de Estados Unidos para alertar sobre cuentas y depósitos sospechosos que hombres de la política mexicana puedan realizar en instituciones bancarias de ese país.

Se debe mencionar que desde el pasado 22 de diciembre, en el Instituto Federal Electoral (IFE) los partidos y ese organismo acordaron blindar las campañas de 2009, para impedir que dinero ilícito sea utilizado en actividades proselitistas.

Desde esa fecha se llegó al acuerdo de que el IFE concretaría acciones con distintas dependencias federales, entre ellas Gobernación, Defensa, Seguridad Pública y Hacienda, para “vigilar y garantizar la seguridad del proceso electoral”.

Las fuentes revelaron que el Cisen y la Sedena estarán compartiendo y analizando la información que se genere a través de la llamada Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y los reportes que se produzcan de autoridades estadunidenses, como la DEA, ya que ello permitirá detectar transferencias económicas o depósitos inusuales, así como vínculos de aspirantes con miembros del crimen organizado.

De acuerdo con la información obtenida, tanto las áreas de inteligencia militar como el Cisen han detectado que diversas organizaciones criminales planean “ayudar” financieramente mediante la amenaza directa a candidatos y sus familias, a fin de comenzar a tener presencia en el Congreso, impactar en las políticas públicas y permitir que los narcos controlen más fácilmente las rutas terrestres, aéreas y marítimas para el tráfico de cocaína procedente de Sudamérica, de precursores químicos de Europa y Asia, y también el flujo de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos.

Según las fuentes, los candidatos propuestos en los estados de Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Tamaulipas y Baja California serán los que mayor vigilancia tengan por parte de los organismos federales.

De acuerdo con fuentes judiciales, la primera vez que el gobierno federal utilizó los servicios del Cisen para investigar candidatos a un cargo gubernamental ocurrió en 1994, cuando el presidente Ernesto Zedillo ordenó al órgano de seguridad indagar los antecedentes, relaciones familiares, propiedades y cuentas bancarias de quienes formarían las ternas para integrar la Suprema Corte.

Los funcionarios consultados aseguraron que al momento de la designación de los nuevos ministros (pasaron de 21 a 11 y sólo dos se mantuvieron en el máximo tribunal) había la certeza de que ninguno tenía antecedentes criminales ni sospecha de actos de corrupción.

Espía el Gobierno a CNDH: Soberanes

27 de enero de 2009
Judith García Aura / El Sol de México

Ciudad de México.- José Luis Soberanes denunció que autoridades del Gobierno federal intervienen las comunicaciones en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quienes además colocan aparatos para controlar los movimientos de los integrantes de la Comisión, porque este organismo -subrayó el ombudsman- se niega a hacer el trabajo sucio del Gobierno federal.El presidente de la CNDH no quiso responsabilizar a nadie y reconoció que los miembros de la Comisión son vistos como un enemigo del Gobierno."Si nosotros fuéramos un ombudsman complaciente, tapadera o alcahuete, lógicamente tendríamos una magnífica relación con las instancias de Gobierno. Pero la relación es ríspida y hasta violenta. Eso significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo".Dijo que se ha buscado un ángulo distinto para lidiar con este asunto del espionaje y, como los maestros en el arte de la guerra, utilizan esa tecnología cuando quieren que una información sea conocida.Sostuvo que la esencia de su oficina es señalar los errores y las fallas del Gobierno. Obviamente, agregó, a nadie le gusta que le digan que algo está haciendo mal. "Ellos esperan más bien que los alabáramos, que en lugar de mandar recomendaciones, les enviáramos felicitaciones".Sobre la reciente aparición de grupos autonombrados como vengadores para hacerse justicia por su propia mano, el ombudsman indicó que son una muestra de la incapacidad del Estado por resolver la creciente delincuencia.Recordó que violan la Constitución y llamó a no permitir la proliferación de este tipo de grupos de venganza privada. "Tenemos que exigir que el Estado cumpla con su papel y que cuide la seguridad pública, porque si no estaremos privatizando la seguridad pública"."Esto es intolerable y una fuerte responsabilidad del Estado que no está cumpliendo con su papel. Ha llegado a sus límites".Al hacer un balance de nueve años y medio al frente de esa comisión nacional, Soberanes señaló contundente que poco se ha avanzado en el respeto a las garantías individuales. Destacó que tanto militares como cuerpos policiacos practican la tortura, detenciones arbitrarias y cometen hasta homicidios durante los operativos contra el crimen organizado.José Luis Soberanes apuntó que aunque no han sido amenazados, sí han sido víctimas de campañas de desprestigio por parte de dependencias públicas.* EJEMPLOA manera de ejemplo, se refirió a declaraciones de funcionarios de la PGR, quienes aseguraban que Soberanes sólo buscaba notoriedad, porque quería ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Y José Luis Soberanes les respondió: "Están equivocados. Para llegar a ser ministro de la Suprema Corte no tendría que seguir ese camino. Al contrario, tendría que seguir el camino de la complacencia".Otro ejemplo, dijo, es la investigación que realizan sobre el asunto de la desaparición de integrantes del EPR: "La PGR nos negó acceso al expediente y además nos amenazó con abrir una averiguación previa a los integrantes de esta comisión". Pero aun así, adelantó, en unos días sacan una recomendación sobre este caso."Eduardo Medina Mora (procurador General de la República) es un hombre tranquilo, no tiene esa actitud fuerte, pero sí, como dicen, es: mátalas callando. Cuchillito de palo que ahí está... No le gusta lo que hacemos".* POLÍTICA CLARAIndicó que en esta administración no se tiene una política clara en materia de derechos humanos. Con el presidente Vicente Fox -recordó- tuvimos una salida de caballo y una llegada de burro. Y explicó la metáfora: "El Gobierno hablaba de compromisos con los derechos humanos, pero a la hora de la verdad, no lo hacía".Manifestó que el crimen organizado descompuso a las instituciones, porque todos los recursos que se tenían que dirigir hacia el desarrollo nacional se van hacia la seguridad pública. Entonces, añadió, pervierten la función del Estado, quien se ha dedicado a ser policía en lugar de ser un Estado que se dedica a promover el cambio social.Soberanes insistiós: "Mucha gente en los estados me dice: ¡No se fije usted mucho! ¡Hágase de la vista gorda para que a los secuestradores los torturen o los maten! No, pues a mí no me pagan por hacerme de la vista gorda".A unos días de rendir su último informe en la Cámara de Diputados, lamentó que se haya quedado en la congeladora la iniciativa de ley donde se obligaba a comparecer a los funcionarios federales que se negaban a aceptar las recomendaciones.* CAMBIOS NOTABLESDijo que en estos casi 10 años han tenido cambios notables dentro de la CNDH. "Cuando entré era una dependencia de Gobernación y su trabajo estuvo muy subordinado al Gobierno federal. También encontré que varios expedientes habían sido perdidos, entre comillas, y que tenía que ver con asuntos muy delicados. Entonces, muchas veces aquí se le hacía el trabajo sucio al Gobierno".Cuestionado sobre el perfil que debe cumplir su sucesor, Soberanes se negó a dar una opinión "para que no se malinterprete de que quiero dar línea".Al hacer una autocrítica, el ombudsman nacional señaló que su error frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue "no ser políticamente correcto", si hubiera sido más terso y no salvaje. Sobre las diferencias con ONG´s en la capital, Soberanes lamentó que la mirada de estas organizaciones se concentre en el trabajo que realiza y no en las graves violaciones a los derechos humanos que se registran. "Yo no violo los derechos humanos", reclamó.Se dijo satisfecho con su trabajo y con orgullo aseveró que no han sido tapaderas de ninguna dependencia. Para él, lo importante es cómo los ve la sociedad. De acuerdo con sus encuestas, "nos ve bien, y nos da una buena calificación, ese es un dato objetivo". EMITE PRIMERA RECOMENDACIÓNLa Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su primera recomendación de este año, por el caso de 65 mexicanos que fueron víctimas de trata y explotación laboral en las Bahamas, por omisiones y anuencia de funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social, así como del Instituto Nacional de Migración y de la presidencia municipal de Pedro Escobedo, Querétaro.Los agraviados fueron enganchados para trabajar en la construcción en dicho país, donde firmaron contratos en inglés -de incumplir, pagarían tres mil dólares o trabajarían tres meses sin percibir sueldo- con la promesa de percibir 800 dólares semanales, cuando en realidad por dos meses de labores les pagaron menos de 80 dólares.La CNDH inició de oficio el expediente de queja el 28 de septiembre del 2007 y tras la investigación, se determinó que fueron vulnerados los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, al trabajo y a la libertad personal, así como a la integridad y seguridad personales de los agraviados.El 12 de mayo de 2007, siete personas de Pedro Escobedo y San Juan del Río, fueron trasladaron de Querétaro a Cancún y al día siguiente fueron llevados -en vuelo privado contratado por la empresa ARG Constructions Limited- a la isla Bimini, en Commonwealth de Bahamas. En diferentes fechas, otros connacionales fueron trasladados en la misma circunstancia.En el lugar de la obra les quitaron sus pasaportes, les entregaron un gafete con la leyenda "Bimini Bay Resort & Casino" y firmaron documentos en inglés. Las condiciones de trabajo eran inseguras por la falta de equipo, y a quienes llevaron herramienta se las quitaron, ya que la empresa se las vendía. El pago de su salario era por mes vencido y menor a la cantidad ofrecida, además de que fueron amenazados con ser entregados a la autoridad migratoria de ese país.Uno de los agraviados retornó a México el 16 de julio del 2007 y los otros regresaron en 20 de julio. Todos denunciaron los hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, que remitió copia de las actuaciones a la PGR.La CNDH conoció que la empresa envió al Consulado de México en Jamaica la propuesta del contrato, que contenía condiciones de explotación, ya que se especificaba que el empleador mantendría en su poder el pasaporte del trabajador, trabajarían 6 días a la semana (en jornadas de 9.5 horas de lunes a viernes, y ocho los sábados) y si el trabajador decidía regresar a México tendría que cubrir el costo de su pasaje.La CNDH observó los tres componentes de la trata de personas: el enganche, al captar a los trabajadores; el engaño, al ofrecer condiciones laborales distintas; y la coacción de la voluntad, al carecer de documentos y medios económicos para salir de la isla de manera libre.

Alemania y Suecia eliminan la privacidad de sus ciudadanos

Alemania

Alemania estrenará con el Año Nuevo la ley que autoriza el espionaje on line en ordenadores privados a la Policía de Investigación Criminal (BKA), que asumirá competencias en la lucha preventiva contra el terrorismo y podrá realizar escuchas en domicilios de sospechosos. Por primera vez en la historia, el BKA, un cuerpo integrado por 5.000 agentes, estará autorizado para espiar en domicilios y también en los ordenadores privados de sospechosos de actividades terroristas.

El texto definitivo exime de la posibilidad de ser espiados a diputados, religiosos y abogados defensores.

Sí abre la puerta, en cambio, a la vigilancia de periodistas, médicos y resto de juristas, de modo limitado y si se considera que con ello se puede descubrir a fuentes sospechosas de atentar contra la seguridad del país.

Esta medida ha sido duramente criticada por once grandes medios, encabezados por el semanario Der Spiegel y el diario Süddeutsche Zeitung, que consideran que vulnera el derecho a la información y restringe el periodismo de investigación, puesto que pone en peligro la confidencialidad de sus fuentes.

Hasta ahora, este tipo de escuchas eran competencia exclusiva de los servicios de espionaje, lo que ya en su momento desató una ola de indignación.

Schäuble, de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Angela Merkel, había convertido este proyecto en caballo de batalla de su departamento y argumentado que los procedimientos de investigación del BKA deben adaptarse a las posibilidades técnicas actuales.

La oposición acusó a Schäuble de querer dotar a la BKA de métodos propios de la Stasi -la policía secreta de la extinta República Democrática Alemana (RDA)-, reforzados gracias a las nuevas tecnologías.

El ministro rechazó tales acusaciones y afirmó que las operaciones se realizarán en casos muy concretos, no de manera general, y de acuerdo con las leyes de protección de datos personales y con la consiguiente autorización judicial.

Suecia

El Parlamento sueco ha aprobado una controvertida ley que permite a los servicios secretos rastrear los correos electrónicos, llamadas telefónicas y faxes al extranjero sin una orden judicial. Los críticos afirman que esta disposición, que se enmarca en la lucha contra el terrorismo y entrará en vigor en enero, supone una amenaza para las libertades de los ciudadanos. Se trata de la medida relacionada con escuchas más dura de Europa.

La Oficina de Radiocomunicaciones de la Defensa Nacional, integrada en los servicios secretos, será la responsable de rastrear cualquier llamada, e-mail o fax que cruce las fronteras del país nórdico. El Gobierno ha insistido en que las comunicaciones nacionales no serán vigiladas. Pero algunos expertos aseguran que, técnicamente, es imposible diferenciar entre el tráfico doméstico y el internacional. En la actualidad, si la policía sueca sospecha que se ha cometido un crimen, debe pedir una orden judicial para espiar correos y llamadas.

Empresas como Google y el grupo sueco TeliaSonera han afirmado que esta ley es la más dura en Europa, comparable con el programa de vigilancia del Gobierno de Estados Unidos. "Con esta nueva medida, el Gobierno sueco está siguiendo el ejemplo de otros como el chino y el saudí, o el de Estados Unidos", afirmó Peter Fleischer, de Google.

Los partidarios de la ley alegan que es necesaria para combatir el terrorismo. "Si Suecia no está en la lista de los países más amenazados, ¿para qué tanto control?", se pregunta Ceballos. "La ley es absurda y vulnera el artículo 12 de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas", dice Per Strom, de la Fundación del Nuevo Bienestar, un think tank dedicado a la defensa de las libertades. "Creará una sociedad caracterizada por la autocensura y la ansiedad", añade. La Federación Europea de Periodistas considera que es una amenaza para las fuentes y el derecho a la información.