Todo inició cuando la corrupción panista en el gobierno federal cobró la vida del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el 4 de noviembre al asignarle un contrato de manera ilegal a una empresa de aviación que no cumplía con los requisitos necesarios para operar, pero que como se dan los casos fue recomendada por algún funcionario importante.
El problema no terminó ahí, si no por ser recomendada los sistemas de seguridad y supervisión no fueron aplicados. De otra manera no se explica tantas irregularidades.
Cabe señalar que sobre Juan Camilo Mouriño, el funcionario más cercano y de mayor confianza de Felipe Calderón, también pendían acusaciones de corrupción. Al parecer todo es una cadenita enmohecida por la voracidad.
Aunado a lo anterior se detectó en la embajada de los Estados Unidos en México que el funcionario asignado a la seguridad de la representación diplomática tenía nexos con el narcotráfico y que el problema no sólo radicaba en una persona, pues las estructuras de primer nivel de la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR, también estaba infestadas.
La cacería de personal que trabajaban para el crimen organizado dio pauta a la “Operación limpieza”. Se encontró que una gran cantidad de servidores públicos colaboraban con el narcotráfico, lo cual cobró muchas vidas de compañeros dedicados y comprometidos con la justicia. Esta situación pone en duda las hipótesis manejadas sobre la muerte de Mouriño.
La situación se torna preocupante cuando todos los partidos políticos acusaron la participación del narco con aportaciones económicas y amenazas en las campañas electorales. Entonces se propuso la participación del CISEN en la detección de posibles apoyos del narco a un partido político, pero los miembros de los partidos políticos en el Congreso de la Unión rechazaron la propuesta y acusaron al Cisen de que los estaba espiando. Más tarde, en un afán de simulación, le pidieron al IFE que “blinde” las elecciones y evite la nociva participación del crimen organizado. El IFE tomó como suya la propuesta y los diputados quedaron conformes, pues saben que el Instituto no tiene la capacidad para ello. ¿Quién los entiende?
Como producto de lo anterior Felipe Calderón presentó su programa anticorrupción 2008-2012 con el que aseguró se busca erradicar este mal en la administración pública. El mandatario federal, acompañado por el secretario de la Función Pública, Salvador Vega, informó que hasta el momento han sido sancionados 11 mil 500 funcionarios con multas que ascienden a cuatro mil millones de pesos y detalló que principalmente se detectaron actos de corrupción en Pemex, Diconsa, en aduanas y en algunas dependencias encargadas de realizar obras públicas. Se puso a disposición de la sociedad el teléfono 01800 FUNCION para recibir quejas las 24 horas del día. Aunque Felipe Calderón indicó, que se identifica más con los números 01-800 TRANZA ó 01-800 TRAMPA, porque es más fácil que la gente se lo aprenda.
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