En reportaje de El Universal se señala que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, consideró que después de una década de programas rebasados se debe rediseñar la estrategia nacional de seguridad pública a fin de contener la crisis de inseguridad y violencia que se vive en el país, pues las cifras de los delitos de alto impacto —secuestros y homicidios— se han incrementado en el último año, sólo 1% de las víctimas acceden a la justicia y la población vive atemorizada.
Al presentar en esta ciudad el segundo Informe Especial sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho a la Seguridad Pública, el ombudsman indicó que además de las policías, el Ejército ha cometido excesos y violaciones y se ha generado una “militarización” de las tareas de seguridad pública sin una razón clara que justifique la intervención militar, por lo que al replantear la estrategia se debe garantizar el uso de las Fuerzas Armadas sólo cuando esté en riesgo la seguridad nacional.
Durante la presentación del informe destacó que la espiral de violencia y agresividad es de tal magnitud que sólo en este 2008 han ocurrido 5 mil 585 ejecuciones atribuidas al crimen organizado —las mismas que se registraron durante todo el sexenio del ex presidente Vicente Fox—, un promedio de siete secuestros diarios y en general, desde hace tres años, 43 mil 835 mexicanos han sido afectados cada día por crímenes del fuero común y federal.
Además, detalló que debido a la impunidad, la corrupción y la incapacidad de las autoridades, existe 75% de probabilidades de que un delincuente no sea detenido aunque haya una orden de aprehensión en su contra. Y todo ello, señaló, “se verá reflejado en las urnas” en el proceso electoral de 2009. Indicó que los estados que encabezan este año la lista de ejecuciones son Chihuahua (mil 878), Sinaloa (853) y Baja California (535), y noviembre fue el mes en el que se registró el mayor número de homicidios. Con relación a los secuestros, la CNDH señaló que de 2001 a noviembre del 2008 han tenido un desarrollo preocupante, pues en ese periodo se registraron 5 mil 140. “Pero si consideramos la cifra negra de este delito, se traduce que uno de cada cuatro secuestros se denuncia, lo que significa que en realidad se cometieron 20 mil secuestros en dicho periodo, un promedio de 2 mil 500 por año y siete secuestros por día, a pesar de la existencia de una Estrategia Nacional contra el Secuestro”, detalló el ombudsman nacional.
En el informe de 117 páginas se señala que en los últimos tres años aumentó la incidencia delictiva, ya que hubo 48 millones de víctimas a nivel nacional, es decir, un promedio de 43 mil 835 mexicanos resultaron afectados cada día por crímenes del fuero común y federal. Soberanes Fernández dijo que sólo 1% de las víctimas aspira a recibir justicia y probablemente a que se les repare el daño causado, “frente a un 99% de delincuentes que ante la falta de eficacia de las políticas de seguridad pública han hecho del delito una forma de vida con la alta expectativa de que si son aprehendidos rápidamente serán liberados si se enfrentan a policías corruptos, ministerios públicos que no conocen su función o que si la conocen la pervierten, así como un sistema judicial con grandes deficiencias”.
Destacó la urgencia de modificar los planes de seguridad pública, pues éstos son los mismos que los de hace 10 años y ya fueron rebasados. “Si no se cambia de actitud y continúan programas que se quedan en buenas intenciones, esta espiral de violencia irá para arriba”, advirtió el presidente de la CNDH.
El primer visitador general de la CNDH, Raúl Plascencia, explicó que de una muestra de 7 entidades federativas, se deduce que el nivel de ineficiencia de las autoridades para ejecutar órdenes de aprehensión alcanza hasta el 82%, lo que garantiza a la mayor parte de los delincuentes que no sean llevados ante la justicia.
En el contexto de combate a la delincuencia y el crimen organizado, el informe de la CNDH señala que en los últimos tres años ha recibido 3 mil 975 quejas del ámbito federal, mientras que 17 entidades recibieron 24 mil 81 quejas de ciudadanos contra elementos de seguridad pública por detención arbitraria, ejercicio indebido de la función pública, violación al derecho a la legalidad y la seguridad jurídica y trato cruel, inhumano y degradante.
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