¿Cómo podemos confiar en las autoridades? Estamos rodeados por criminales en la calle, traigan placa de policía o no. En un estudio realizado con datos de las comisiones nacional y estatales de Derechos Humanos refiere que 76% de agresiones ocurren durante la detención.
En estudio sobre el uso de la Tortura en México de parte de la policía, para obtener confesiones realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se afirma que esta práctica es una de las violaciones más graves a las garantías individuales (es considerada incluso delito de lesa humanidad, al igual que las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales).
Según el estudio el 65 % de la policía judicial en el país la utilizan para conseguir algún tipo de información, lo que los convierte en delincuentes con placas. A partir de recomendaciones emitidas por los 31 organismos públicos de Derechos Humanos y la Comisión Nacional del ramo —realizado por María Elena Lugo García y Ricardo Hernández Forcada, del Centro Nacional de Derechos Humanos—, los agentes judiciales pertenecen tanto al ámbito federal como a los locales.
El principal motivo de la tortura es obtener una confesión ministerial; 76 por ciento de las agresiones ocurren durante la detención, es decir, mientras el agraviado se encuentra bajo la custodia de los agentes. De éstas, 46 por ciento se realizó en las instalaciones policiacas y 26 por ciento en otros lugares.
En cuanto al método de tortura se encuentran los golpes con manos, pies u objetos (algunos en presencia de familiares), se venda a la víctima, se le aplica agua gaseosa en nariz o descargas eléctricas en testículos, recto, pies, piernas y tórax. Otras personas son amarradas de manos o pies, se les infligen quemaduras, se les sumerge en agua o son víctimas de violencia sexual.
En cuanto al DF, el informe refiere que del 12 de julio de 2005 al 24 de julio de 2008 la Unidad B2, de la PGJDF, abrió 197 averiguaciones previas por este delito. Del total de esas denuncias, sólo seis expedientes fueron consignados a un juez, 46 se encuentran en proceso y en 145 no se procedió al ejercicio de la acción penal. “Ha habido una transformación de la tortura en la ciudad, pues pasó de ser una práctica política, de contención de la oposición, a un mecanismo de fabricación de culpables o confesiones. La otra gran vertiente tiene que ver con actos de extorsión y corrupción”, aseveró el presidente de la Comisión, Álvarez Icaza. Por este ilícito, la CDHDF ha emitido 39 recomendaciones a responsables de los reclusorios, además de 30 a otras instancias de gobierno; sin embargo, hasta el momento ninguna ha derivado en el procesamiento de ningún servidor público capitalino. Advirtió que la tortura se ha convertido en un salvoconducto para que los delincuentes busquen su liberación. “No le demos pretextos a los delincuentes, a los abogados corruptos y a un sistema deficiente (de justicia) para que se ponga en libertad a los criminales.
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