El periódico Excélsior nos ofrece el siguiente resumen:
Los habitantes del Distrito Federal enfrentaron tres sucesos impactantes: el 15 de febrero estalló un artefacto en avenida Chapultepec, que dejó saldo de un muerto. El atentado, se dijo, estaba dirigido contra mandos policiacos capitalinos.
A mediados del año, el 19 de junio, durante un operativo fallido de la policía en la discoteca News Divine, murieron 12 personas –la mayoría jóvenes– por asfixia. Se inició una investigación sobre los hechos, renunciaron los jefes de las corporaciones involucradas y fue detenido el comandante Guillermo Zayas, quien estaba al frente de los agentes que realizaban el desalojo.
En noviembre, el día 4, en Lomas de Chapultepec, cayó el avión Learjet en que viajaban el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; el ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, y los funcionarios de esa dependencia Miguel Monterrubio, Arcadio Echeverría y Norma Angélica Díaz, así como la tripulación de la aeronave: César Ramírez Dávalos, Álvaro Sánchez Jiménez y Giselle Carrillo. Todos fallecieron. A la fecha suman 16 víctimas, incluyendo a las personas que se encontraban en tierra al momento del percance.
Sin embargo, la capital del país no fue la única en resentir hechos violentos. Entidades como Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Durango, Guerrero, estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Michoacán, entre otras, fueron sacudidas a lo largo del año por una imparable ola de violencia derivada de actividades criminales, enfrentamientos entre bandas y acciones del Estado para combatirlas.
Aunque las evidencias y el discurso oficial se enfocaron a identificar a las víctimas de esos hechos como sicarios de las organizaciones delincuenciales y uniformados tanto del Ejército como de las policías locales y federal, el 15 de septiembre, en plena celebración del Grito de Independencia, en el zócalo de Morelia, Michoacán, estallaron dos granadas de fragmentación, dejando saldo –que se incrementó al paso de los días– de siete muertos. Esa acto, calificado inmediatamente de terrorista y que mereció la condena unánime de la sociedad mexicana, se atribuyó a las bandas del narcotráfico asentadas en ese estado.
Hacia finales del año, en octubre, el arraigo y posterior detención de altos jefes policiacos puso al descubierto lo que el propio gobierno federal bautizó como Operación Limpieza.
Si bien ésta se puso en marcha en julio tras una delación y entre los implicados hay algunos comandantes que colaboraban con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el 23 de noviembre, en Lima, Perú, el presidente Felipe Calderón Hinojosa deslindó al funcionario de toda responsabilidad y declaró que su probidad estaba fuera de toda duda, con lo cual prácticamente lo exoneró de cualquier imputación que pudiera surgir durante la indagatoria.
En otra vertiente de la criminalidad, el secuestro, también se documentaron numerosos casos. Sin embargo, el plagio y asesinato –casos distintos– de los jóvenes Fernando Martí y Sylvia Vargas Escalera tuvieron enorme repercusión. Al adolescente, hijo de un empresario del ramo deportivo, sus captores lo interceptaron en un falso retén policiaco cerca de Ciudad Universitaria. Su cadáver fue encontrado el primero de agosto en la cajuela de un coche abandonado en la colonia Villa Panamericana.
En el caso de la joven, hija de un ex funcionario y hombre de negocios también del rubro deportivo, Nelson Vargas, su rapto ocurrió en 2007. La familia hizo público el hecho casi un año después, y el cadáver fue hallado el 5 de diciembre en el patio de la casa donde estuvo retenida. Los resultados periciales para su identificación se dieron a conocer el 11 de ese mes.
Fue este, además, el año en que la izquierda fue luz y sombra de su propio sino político: encabezó e impidió de hecho la aprobación un proyecto privatizador del petróleo. Al mismo tiempo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) protagonizó uno de los más convulsos, largos y complicados procesos de renovación de dirigentes de que haya registro.
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